Oficina de Libre Acceso a la Información

Que es la Ofic­ina de Acceso a la Infor­ma­ción (OAI)

La Ofic­ina de Acceso a la Infor­ma­ción (OAI), es un mandato de la Ley Gen­eral de Libre Acceso a la Infor­ma­ción Pública Ley 200–04 y el Decreto No. 130–05 que crea el reglamento de dicha ley, con el obje­tivo de apo­yar a enti­dades y per­sonas tanto públi­cas como pri­vadas medi­ante las infor­ma­ciones solicitadas.   

Rep­re­sen­tante de Acceso a la Infor­ma­ción (RAI)

El rep­re­sen­tante de Acceso a la Infor­ma­ción, es el respon­s­able de trami­tar y facil­i­tar las infor­ma­ciones requeri­das y de ser el canal de comu­ni­cación entre la insti­tu­ción, ciu­dadanos y ciudadanas.

Estruc­tura



 

Doc­u­men­tos de Apoyo

a) Información de Riesgos. La Superintendencia de Bancos establecerá un Sistema de Información de Riesgos en el que obligatoriamente participarán todas las entidades sujetas a regulación, mediante el suministro de la información que sea precisa para garantizar la veracidad y exactitud de los datos referentes a los deudores, con el nivel de desagregación que sea necesario y las clasificaciones de deudores que se estimen necesarias para poder clasificar los créditos de forma homogénea. Tal sistema de información de riesgos garantizará, en todo caso, el uso limitado de la base de datos por parte de dichas entidades, a los solos efectos de conocer los riesgos de los potenciales clientes. El sistema cancelará de oficio o a petición de la entidad financiera, las deudas que hubiesen sido canceladas y mantendrá el historial correspondiente por un período no menor de diez (10) años desde la notificación. Asimismo, establecerá los mecanismos necesarios para garantizar un correcto tratamiento de los datos personales que impidan la utilización de los mismos, para fines distintos de aquellos para los que sirve el sistema, y en particular para fines que puedan considerarse competencia desleal entre entidades de intermediación financiera.

b) Secreto Bancario. Además de las obligaciones de confidencialidad derivadas de las buenas prácticas y usos bancarios, las entidades de intermediación financiera tienen la obligación legal de guardar secreto sobre las captaciones que reciban del público en forma desagregada que revele la identidad de la persona. Sólo podrán proporcionarse antecedentes personalizados sobre dichas operaciones a su titular o a la persona que éste autorice expresamente por cualesquiera de los medios fehacientes admitidos en Derecho. Lo dispuesto en este Artículo se entiende, sin perjuicio de la información que deba suministrarse en virtud de normas legales a la autoridad tributaria y a los órganos jurisdiccionales, o en cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la prevención del lavado de activos. Las informaciones que deban suministrar las entidades sujetas a regulación, tanto a la Administración Tributaria como a los órganos encargados del cumplimiento de la prevención del lavado de activos y a los tribunales penales de la República, deberán ser hechas caso por caso por intermedio de la Superintendencia de Bancos, tanto en lo que respecta al recibo de la solicitud de información como para el envío de la misma y siempre y cuando se soliciten mediante el cumplimiento de los procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia. La obligación de Secreto Bancario no impedirá la remisión de la información que precisen la Superintendencia de Bancos y el Banco Central, en la forma que reglamentariamente se determine. La violación del Secreto Bancario en los términos del presente Artículo será castigada conforme a las disposiciones de los Artículos 377 y 378 del Código Penal.

 

  1. Com­ple­tar el for­mu­la­rio de solic­i­tud de información.
  2. Se pro­cede a la revisión de dicho doc­u­mento con la final­i­dad de ver­i­ficar que está debida­mente completada(o).
  3. Se hace entrega de acuse de recibo al solicitante.
  4. Según la com­ple­ji­dad de la infor­ma­ción, se asigna una fecha de entrega. En caso de no ser la SB la insti­tu­ción com­pe­tente para ofre­cer la infor­ma­ción requerida, dicha solic­i­tud se refiere a la insti­tu­ción cor­re­spon­di­ente y se le informa al solic­i­tante el curso que ha tomado su solic­i­tud y la insti­tu­ción destinataria.
  5. Seguimiento de la(s) solicitud(es) hasta con­fir­mar que se ha sum­in­istrado la información.
     

For­mu­la­rio de Solic­i­tud de Infor­ma­ción Pública Particular